No podemos cerrar la brecha salarial entre Estados Unidos y México sin apoyar la organización sindical en México

El gobierno mexicano está fallando en procesar la violencia de represalia y amenaza contra trabajadores que se organizan, según un nuevo informe, lo que coloca a México en incumplimiento de su acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

El informe enumera nueve campañas de organización distintas en las que se hicieron amenazas contra trabajadores: en cada caso, los autores encontraron “poca evidencia de investigación o enjuiciamiento por parte de las autoridades.”

El informe fue elaborado por la Junta Independiente de Expertos en Trabajo de México (IMLEB), creada por el Congreso de Estados Unidos en el marco del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, y encargada de revisar la implementación de las reformas laborales en México.

El T-MEC, promulgado en 2020, se basó en y sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que debilitó los salarios y enfrentó a los trabajadores entre sí mientras los empleadores obtenían enormes ganancias. En la primera década tras la implementación del TLCAN en 1994, se perdieron 850.000 empleos en Estados Unidos debido a la subcontratación. Mientras tanto, México se ha convertido en uno de los principales países productores de vehículos en el mundo, pero sus trabajadores automotrices se encuentran entre los peor pagados.

Pero, en un importante respecto al TLCAN, el T-MEC exigió reformas a la legislación laboral en México que activistas sindicales independientes habían impulsado durante décadas, lo que generó esperanza de que el nuevo acuerdo ayudará a los trabajadores del país a elevar sus condiciones.

Las reformas establecieron tribunales laborales, sustituyendo a las juntas de arbitraje que eran conocidas por coludirse con empleadores y sindicatos simulados.
Se exigieron votaciones sobre todos los contratos colectivos de trabajo existentes, con el objetivo de ayudar a los trabajadores a deshacerse de los “contratos de protección” favorables a los empleadores, que mantenían bajos salarios y excluían a sindicatos genuinos. El Secretario del Trabajo de México estimó que estos representaban entre el 80 y el 85 por ciento de todos los contratos sindicales antes de la reforma.

También introdujo un mecanismo de respuesta rápida sin precedentes, que permite a los sindicatos y a los trabajadores presentar quejas contra empleadores que violen el derecho de los trabajadores mexicanos a organizarse. Si se determina que una empresa está violando los derechos laborales, enfrenta sanciones y, en última instancia, puede perder acceso al mercado estadounidense.

El mecanismo se ha convertido en una herramienta fundamental para hacer cumplir los derechos laborales. Ha beneficiado a un estimado de 42.000 trabajadores, ha generado casi 6 millones de dólares en pagos retroactivos y otros beneficios, y ha brindado a los sindicatos independientes recursos para enfrentar la intimidación de empleadores sin escrúpulos y sindicatos patronales.

LUCHANDO A PESAR DEL TERROR

Estas fueron mejoras fundamentales, pero no han provocado la explosion en la organización sindical independiente que muchos activistas esperaban. Los sindicatos de protección siguen controlando la mayoría de los contratos.

El proceso de legitimación de contratos estuvo plagado de problemas: los sindicatos en funciones organizaron las votaciones con poco o ninguna supervisión gubernamental, y se reportaron en todo el país casos de coerción, sobornos y la difusión de mentiras de que los trabajadores perderían beneficios si votaban en contra. En el periodo de cuatro años que terminó en julio de 2023, durante el cual todos los contratos existentes debían someterse a votaciones de legitimación, los trabajadores aprobaron 30.536 contratos y solo rechazaron 663. Dadas estas irregularidades, el sindicato United Auto Workers ahora está pidiendo que todos los contratos se sometan nuevamente a votaciones de legitimación.

El T-MEC tampoco ha reducido la brecha salarial entre los trabajadores de Estados Unidos y sus pares en México. En promedio, un trabajador automotriz en Estados Unidos gana alrededor de 35.30 dólares por hora. Aunque su trabajo es en gran medida el mismo, los trabajadores automotrices en México ganan aproximadamente 5.70 dólares, trad decades de colusión gubernamental para mantener bajos los salarios.

Hasta el día de hoy, incluso los trabajadores en sindicatos democráticos e independientes se encuentran limitados en la mesa de negociación, ya que los jueces pueden declarar una huelga ilegal si consideran que las demandas laborales son irrazonables. En la práctica, el informe del IMLEB encontró que, para muchos, el límite se fija en “inflación más 1 por ciento”. Las represalias contra los trabajadores que buscan organizarse siguen siendo comunes. El informe señala que se han reportado casos de violencia o amenazas contra trabajadores en casi todos los casos del mecanismo de respuesta rápida, incluso en grandes empresas multinacionales como General Motors y la francesa Saint-Gobain.

Los trabajadores deben enfrentarse no solo a las amenazas de sus empleadores, sino también, a menudo, a sindicatos de protección patronal que existen únicamente para impedir una verdadera representación sindical.

En 2022, en vísperas de una elección sindical en una planta de General Motors en Silao, Guanajuato, tres personas en una camioneta con las placas retiradas se presentaron en el domicilio de la líder del sindicato independiente SINTTIA para amenazarla. A los trabajadores también se les ofrecieron sobornos para votar por un sindicato afín al empleador.

A pesar de estas tácticas, los trabajadores de GM en Silao votaron de manera abrumador para afiliarse a SINTTIA, y posteriormente han logrado contratos récord en la industria. Pero su caso es una excepción. La mayoría de las veces, la intimidación enfría una campaña de organización, ya sea mediante la amenaza de pérdida de empleo o de violencia física.

México también está fallando en imponer sanciones cuando se violan de manera más amplia los derechos laborales de los trabajadores, según encontró el informe. Aunque el texto del T-MEC exige expresamente que Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tenga la autoridad para imponer sanciones, el propio centro ha argumentado que no está claro si cuenta con dicha facultad bajo la ley mexicana.

Los empleadores incumplen abiertamente sus obligaciones con pocas consecuencias. El proveedor de autopartes VU Manufacturing fue investigado en dos ocasiones por presuntas violaciones laborales en su planta de Coahuila.

En lugar de cumplir con los términos de un plan de mediación acordado por los gobiernos de Estados Unidos y México, la empresa simplemente cerró su planta. Desde entonces, los simpatizantes del sindicato han sido incluidos en listas negras.

“El problema no es la ley,” dijo Willebaldo Gómez Zuppa, asesor de SINTTIA. “El problema en sus aplicaciones.”

UNA REVISIÓN DE ALTO RIESGO

El T-MEC no expira hasta 2036, pero será sometido a revisión en julio de 2026, cuando Estados Unidos, México y Canadá considerarán extenderlo por más tiempo. Si no lo hacen, quedará sujeto a revisiones anuales por parte de los tres países durante los 10 años restantes.

Trump, quien negoció el T-MEC durante su primer mandato y alguna vez lo llamó “el mejor acuerdo que hemos hecho”, ha planteado la idea de sustituirlo con acuerdos bilaterales. Los aranceles impuestos por su administración, bajo el argumento de una exención por seguridad nacional, han molestado a los líderes de México y Canadá y han puesto en alerta a los fabricantes.

Los sindicatos buscan influir en los próximas negociaciones para fortalecer los derechos de los trabajadores en todo el continente.

Un grupo de sindicatos independientes mexicanos, incluidos los de Audi y Volkswagen, así como el UAW, emitieron sus propias recomendaciones en octubre. Ambos grupos abogan por un salario mínimo continental en la industria automotriz, una propuesta que también aparece en el informe del IMLEB. Los sindicatos mexicanos proponen un salario base de 16 dólares (EE. UU.) por hora, implementado gradualmente en un periodo de cinco años. Actualmente, el T-MEC exige que entre el 40 y el 45 por ciento del contenido de un vehículo sea producido por trabajadores que ganen esta cantidad para calificar para un trato arancelario preferencial.

Aunque el UAW no especifica un salario mínimo concretó, su carta señala que abordar la supresión salarial en México desincentivara la deslocalización y crearía “miles de millones de dólares en nuevo poder adquisitivo de la clase trabajadora”, lo que podría impulsar la demanda de vehículos en México.

Los sindicatos y el IMLEB también recomiendan mejoras al mecanismo de respuesta rápida, que ha sido el medio más eficaz para que los trabajadores mexicanos hagan valer sus derechos. Estas incluyen ampliarlo para cubrir listas negras y negociaciones de mala fe, así como extenderlo a trabajadores agrícolas y de la economía de plataformas.

El UAW y los sindicatos mexicanos sostienen que el mecanismo también debería aplicarse a trabajadores en Estados Unidos y Canadá. Una expansión implicaría que una empresa que viole el derecho de organización de los trabajadores en Estados Unidos -– por ejemplo, Mercedes en Alabama — podría perder acceso a los mercados de Canadá y México.

UN CONESEJO TRINACIONAL

Para formular conjuntamente propuestas y lenguaje, el UAW propone convocar un consejo laboral trinacional de sindicatos en sectores estratégicos. Esto requerirá una acción rápida de los sindicatos en los tres países, así como la disposición a colaborar a pesar de desacuerdos en temas como los aranceles, que el UAW ha respaldado.

Los trabajadores mexicanos aún tienen un largo camino por recorrer para hacer valer sus derechos y construir sindicatos verdaderamente democráticos. “Las reformas legales por sí solas son insuficientes para producir una transformación democrática”, señala el informe del IMLEB. “Se necesitará un esfuerzo conjunto de sindicatos democráticos y líderes políticos progresistas en todos los países del T-MEC… para lograr estos cambios.”