El conflicto de los docentes argentinos (que decide la suerte del resto de los trabajadores)

El 22 de marzo, más de 400.000 maestros de todos los rincones de la Argentina llenaron la Plaza de Mayo en Buenos Aires en la Marcha Federal por la Educación. Foto: CTERA, 22 de marzo de 2017

Durante cinco semanas, los maestros de Argentina han estado en huelga casi continuamente, usando los días que en que concurren a las escuelas para explicar a los estudiantes y a los padres las razones de su conflicto con el gobierno nacional.Hoy se unen al resto de los trabajadores del país en la primera huelga general del presidente Mauricio Macri. Los huelguistas están protestando por la ola de reformas pro-corporativas incluyendo recortes de subsidios que han llevado a aumentos masivos en las facturas de servicios públicos, exacerbando la creciente tasa de pobreza del país.

Los maestros, que encabezan la lista de los blancos de ataque preferidos del gobierno, han estado a la vanguardia de las movilizaciones que condujeron a la huelga general. El pasado 22 de marzo, más de 400.000 docentes de todos los rincones de la Argentina llenaron la Plaza de Mayo en Buenos Aires en lo que ha sido la Marcha Federal por la Educación. Fue un punto de inflexión en la siempre difícil construcción de la unidad sindical, en un país donde hay más de 50 sindicatos docentes a nivel nacional y provincial.

Después de que el poder adquisitivo de los salarios en Argentina cayera un 11 por ciento en 2016, y con inflación anual proyectada optimistamente en un 25 por ciento para el año en curso, los sindicatos de maestros de todo el país se unieron para exigir un aumento de 35 por ciento. Pero el gobierno pro-empresarial de Macri, él mismo un multimillonario, no está dispuesto a otorgar aumentos por encima del 18 por ciento.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, perteneciente al partido de Macri, ha intentado descontar los días de huelga de los salarios de los maestros, pero fue detenida por un juez que dictaminó que el derecho de huelga protege a los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a la huelga en Argentina sin pérdida de salario, aunque los empleadores a menudo se niegan a respetar esa garantía constitucional.

La estrategia de Macri en su lucha contra los maestros es "provinciarizar" el conflicto, es decir, "dejar que cada provincia pague lo que cada una de ellas puede pagar".

Pero esta decisión –sostienen los sindicatos– viola dos leyes promulgadas por el Congreso Nacional en 2006 que obligan al gobierno nacional a negociar con los sindicatos a fin de establecer un piso salarial común para todos los maestros del país. Este proceso se llama “Paritaria Nacional Docente”, mientras que la Ley de Financiamiento Educativo requiere que el gobierno nacional envíe fondos para la educación a las provincias, al principio de cada año, conforme a lo acordado con los sindicatos en la Paritaria. Los maestros pueden negociar después un salario máximo más alto con cada provincia. Este año, sin embargo, el gobierno argentino se negó a abrir las negociaciones nacionales.

COMO LOS MINEROS DE THATCHER

A finales de marzo, el destacado periodista argentino Ernesto Tenembaum reveló una conversación privada que había tenido con el presidente, en la que Macri comparó a los maestros con los mineros británicos de los años ‘80 bajo el gobierno de Margaret Thatcher.

La huelga de los mineros británicos fue un "caso testigo" para el avance del neoliberalismo en el Reino Unido. Si los trabajadores perdían su disputa con Thatcher, como finalmente sucedió, la flexibilización laboral y la pérdida de derechos se haría extensiva a toda la clase trabajadora británica. Lo mismo había sucedido ya en los EE.UU. con el conflicto entre el gobierno de Ronald Reagan y los controladores del tráfico aéreo en 1981.

Los docentes argentinos se encuentran ahora en una situación similar. El destino de los trabajadores del resto del país se encuentra atado al resultado de la lucha de los maestros. Ya los trabajadores argentinos han perdido más del 10 por ciento de su salario real desde principios de 2016, junto con un aumento sostenido en el desempleo.

CÓMO SE LLEGÓ A ESTA SITUACIÓN

Los gobiernos neoliberales de los años ‘90 desregularon la economía argentina, acumularon deuda externa con acreedores como el Fondo Monetario Internacional, privatizaron la mayoría de los activos estatales, desalentaron la producción industrial local y flexibilizaron la mano de obra. En materia educativa, el sistema público de escuelas fue transferido del gobierno nacional a las provincias, pero sin transferir al mismo tiempo los recursos para financiarlo.

El resultado fue desastroso: las provincias más ricas llegaron a pagar a los maestros salarios hasta 15 veces más altos que los que podían pagar las provincias más pobres, rompiendo el principio constitucional que establece igual salario por igual tarea y fragmentando todo el sistema.

Durante la crisis económica de 2001-2002, muchas de las provincias pagaron salarios docentes con cuasi-monedas o bonos debido a la falta de presupuesto.

Algunas provincias incluso dejaron de pagar los salarios por completo. Hacia fines de la década de 1990, los gobiernos neoliberales ya hablaban de "provincias inviables".

Esta era la situación en 2003, cuando asumió el cargo el presidente Néstor Kirchner, un progresista dispuesto a reparar algunos de los daños causados durante la era neoliberal. Su primera medida de gobierno fue trasferir recursos a las provincias donde la crisis había golpeado más duramente, con el fin de recomponer el salario docente.

Tres años más tarde, fue el Congreso el que estableció los mecanismos legales para que el gobierno nacional enviara anualmente fondos a las provincias para financiar la base salarial de los maestros. La institución creada por el Congreso, la “Paritaria Nacional Docente”, está compuesta por el gobierno nacional, los sindicatos docentes y un Consejo integrado por representantes del Ministerio de Educación de cada provincia.

NEGOCIACIÓN NACIONAL Y 35 POR CIENTO DE AUMENTO

En 2016, durante su primer año en el cargo, Macri siguió los mecanismos institucionales que garantizan fondos a las provincias para pagar el salario base de los maestros. Pero, a principios de este año, el Presidente decidió ignorar este procedimiento. El Ministro de Educación, Esteban Bullrich, afirmó que "cada provincia debe negociar por su cuenta con los sindicatos y ofrecer el aumento salarial que cada una pueda pagar".

Esto significa un retroceso a la situación de los años ‘90, pero esta vez mediante un acto que colisiona con la ley. Macri decidió simplemente ignorar las leyes del Congreso.

Esa es la razón por la que, el pasado 22 de marzo, los 400.000 maestros marcharon a la Plaza de Mayo exigiendo la apertura de la Paritaria Nacional Docente y un aumento del 35 por ciento para todos los trabajadores de la educación. Los docentes sostienen que con el aumento del 19 por ciento (en tres cuotas) ofrecido por la provincia de Buenos Aires, el salario inicial de un maestro ni siquiera cubriría el costo de la canasta básica alimentaria que una familia necesita para mantenerse fuera de la pobreza.

La Plaza de Mayo, ubicada frente a la sede ejecutiva del gobierno, ha sido el centro simbólico de las luchas populares en Argentina desde la Revolución de la Independencia en mayo de 1810. El 24 de marzo último, la plaza volvió a llenarse, ahora con 600.000 personas, continuando el reclamo por "Memoria, Verdad y Justicia" en el 41 aniversario del golpe cívico-militar, que –entre 1976 y 1983– dejó un saldo de 30.000 personas desaparecidas y asesinadas, mayoritariamente trabajadores y activistas sindicales. Entre ellos, los dirigentes docentes Isauro Arancibia y Marina Vilte, entre muchos otros.

AMENAZAS OFICIALES

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En un clima de creciente conflictividad social, el gobierno de Macri está apostando a la estrategia de deslegitimar a los sindicatos, amenazar a sus líderes y emprender ataques judiciales contra sus organizaciones.

En un intento por "desnacionalizar" el conflicto docente, los medios de comunicación estatales y privados (encabezados por los medios de derecha del Grupo Clarín y el diario La Nación), en línea con la estrategia comunicacional de la Gobernadora Vidal, iniciaron una campaña de difamación contra el líder del sindicato de maestros de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, quien desde entonces ha recibido una serie de amenazas de muerte anónimas contra él y su familia.

Para completar el cuadro, en su discurso de apertura del año legislativo ante el Congreso, el Presidente Macri se desvió del guion planeado para deslizar un repentino mensaje frente a las cámaras de televisión: "Baradel no necesita ninguna protección del Estado". Una simple y llana amenaza de estilo mafioso que, en medio de un discurso institucional, mancha la investidura presidencial.

Otra de las estrategias de Macri es la persecución legal a los sindicatos. En el ultimo mes, el gobierno ha emprendido acciones legales para eliminar la personería gremial del militante Sindicato de Trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires, y amenaza con hacer lo mismo con los sindicatos docentes.

Las declaraciones oficiales del Presidente también han apuntado sus dardos contra la educación pública. Macri ha utilizado los resultados de una serie de "pruebas", carentes de cualquier rigor metodológico, para afirmar que "el desempeño de los estudiantes en las escuelas bajo administración estatal es mucho más bajo que en el caso de los alumnos de establecimientos educativos privados". Todas las escuelas en Argentina están financiadas por el Estado, pero como ocurre en los EE.UU. con las escuelas chárter, algunas son administradas de forma privada.

El Presidente habló de una "enorme desigualdad entre quienes pueden ir a la escuela privada y los que tienen que caer en la escuela pública", sin considerar que más del 70 por ciento de los estudiantes argentinos concurren a escuelas estatales.

En español, "caer en" implica "acabar en una situación degradante": los drogadictos caen en las drogas; los delincuentes caen en delincuencia; y –por analogía– el Presidente supone que en la “escuela estatal” deben caer “los pobres”.

RUMBO A LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA

Esta afrenta a la comunidad educativa es parte de una ofensiva ideológica destinada a legitimar la política oficial de vaciamiento del sistema de educación pública, en todos sus niveles, que había sido reconstruido durante los gobiernos de los Kirchner entre 2003 y 2015.

Lo que Macri, en última instancia, desea hacer es convertir la educación en una mercancía, en un país con una fuerte tradición de educación secular, igualitaria, pública y gratuita. Los cinco premios Nobel argentinos son graduados de escuelas públicas. Macri, por otro lado, es el primer presidente argentino que nunca ha asistido a una escuela pública en ninguno de sus niveles.

La movilidad social ascendente en Argentina siempre ha estado vinculada, desde la llegada de los inmigrantes europeos pobres a comienzos del siglo XX, al libre acceso a la educación estatal. Para Macri, al contrario, el modelo a seguir es el chileno (hoy fuertemente cuestionado) o una parte del sistema educativo norteamericano: predominancia de instituciones privadas, la educación como una mercancía antes que como un derecho, las clases bajas sin ninguna posibilidad de acceso a la educación superior, las familias de clase media profundamente endeudados por los aranceles educativos, y así sucesivamente.

Las distintas dictaduras militares que interrumpieron los procesos democráticos en Argentina siempre han atacado a las universidades públicas. Macri continúa con esta tradición privatizadora pero extiende su ataque al sistema educativo público en su conjunto, incluido el Sistema científico alcanzado por drásticos recortes.

DEFENDIENDO LA ESCUELA PÚBLICA

La Marcha Federal por la Educación fue la respuesta a esta afrenta. En algunas pancartas de manifestantes –así como en las puertas de no pocos establecimientos de educación estatal– se podía leer: "No hemos caído en la escuela pública, sino que la hemos elegido".

En otro cartel se podía leer: "Macri: lo único que se cae en la escuela pública son los techos, porque el gobierno no pone presupuesto".

Y en una tercera leyenda: "Un maestro que lucha también está enseñando".

Pese a todos los intentos del gobierno y los medios masivos de comunicación por desacreditar la lucha de los maestros y poner en su contra al resto de la sociedad, los ciudadanos están comenzando a comprender las razones más inmediatas del conflicto. Los maestros tampoco han escatimado creatividad, tiempo y esfuerzo por explicar la justicia y la dignidad de sus reclamos. Ellos saben cómo.

Lo que está aquí en juego supera con creces un simple problema salarial o sectorial. A través de su "escarmiento a los maestros", el gobierno neoliberal de Macri busca desmantelar el sistema de educación estatal, reducir la masa salarial de los trabajadores del país (que antes de que Macri asumiera el cargo podía ostentar los salarios más altos de América Latina), y –en última instancia– debilitar o, si lo logra, destruir el entramado de sindicatos del país.

Por todas estas razones, los docentes exigen:

-¡Macri, pará la mano!"

-¡Paritaria Nacional Docente Ya!"

Martín Samartin es politólogo del Taller de Estudios Laborales (TEL), en Buenos Aires. Traducción de la nota publicada el 6 de abril de 2017 por el sitio web de Labor Notes, EE.UU.